Agencias

Alguacil de Arizona se disculpa por errores en casos

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Phoenix, Arizona. 06 de diciembre. El alguacil Joe Arpaio se disculpó el lunes ante víctimas por las investigaciones que su oficina echó a perder en varios casos de delitos sexuales, en momentos en que el controvertido representante de la ley enfrenta crecientes críticas.

Arpaio ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre las pesquisas en la ciudad de El Mirage un día después de que The Associated Press publicó un artículo que delineaba algunos de los casos estropeados.

Su oficina dijo que 432 investigaciones de crímenes sexuales en El Mirage y otras partes del condado fueron reabiertas después de que ésta se enteró de casos —incluidas decenas de presuntos abusos a menores— que no habían sido investigados adecuadamente o no fueron examinados en absoluto en un período de tres años que concluyó en el 2007.

En aquel tiempo, la oficina del alguacil del condado de Maricopa estaba bajo contrato para reforzar el cumplimiento de la ley en la ciudad ubicada a un costado de Phoenix.

“Si hubo algunas víctimas, ofrezco disculpas a esas víctimas”, dijo el alguacil en los comentarios públicos más detallados que ha dado su oficina en torno a los casos.

El subalguacil Jerry Sheridan señaló que la oficina está abocada a tomar una posible acción disciplinaria esta misma semana contra empleados responsables de las fallas.

La reapertura de casos dio como resultado 19 arrestos, una cifra que la oficina del alguacil considera como promedio, e igual al número de detenciones por delitos sexuales realizados hasta ahora este año en todo el condado.

No obstante, el capitán Steve Whitney, oficial a cargo de investigaciones penales, dijo que podría haber habido más arrestos si se hubieran efectuado investigaciones más oportunas.

Tan sólo en El Mirage, las autoridades descubrieron al menos 32 reportes de abusos a menores —con víctimas de incluso dos años de edad— en los que la oficina del alguacil no dio seguimiento a los mismos, aún cuando los sospechosos eran conocidos en todos los casos, salvo seis. Muchas de las víctimas, dijo un oficial de policía retirado de El Mirage que revisó los archivos, eran hijos de inmigrantes no autorizados para vivir en el país.

El legislador federal demócrata Raúl Grijalva, cuyo distrito no incluye la jurisdicción de Arpaio, emitió un comunicado en el que dijo que el alguacil debería renunciar inmediatamente antes de que se dañe más la confianza del público en la aplicación de la ley.

El y otros críticos dicen que Arpaio pone demasiado énfasis en organizar la cacería de inmigrantes que carecen de permiso de residencia a expensas de responsabilidades policiales más importantes.

“El panorama que aflora —no se dio seguimiento, no se investigó, no se enjuició a nadie, no se hizo justicia y hubo un escudo de silencio después del hecho— no es como se conduce la aplicación de la ley en este país”, enfatizó Grijalva.

“Aplicar la ley contra crímenes violentos, sin importar el estatus legal de la víctima, es obligatorio y no algo que dejamos a comunidades particulares como una cuestión abierta. La aplicación selectiva socava el respeto por nuestros valientes agentes de la ley y el público no la tolera, con justa razón”, agregó.

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