Tras una legislación firmada por la gobernadora Jan Brewer, en abril, el Estado utilizará mano de obra propia y el dinero que se consiga para cerrar algunas de las 82 millas de la frontera con México que aún permanece abierta.

Si bien la iniciativa tiene apoyo político, propietarios de tierras y sheriffs del condado piensas que el sistema no funcionará, además que el gobierno federal puede incluso no permitir la construcción en sus tierras.

El senador republicano Steve Smith, quien patrocinó la ley, está convencido que los 50 millones de dólares son una meta alcanzable. Dijo que ha recibido una avalancha de respuestas positivas al plan.

“Desde un Estado a otro, la gente está respondiendo, esto no es sólo un problema de Arizona. La gente está viendo el efecto de la inmigración ilegal en sus Estados también”, señaló el senador.

La legislación de Smith también establece un comité de seguridad común para la frontera, que incluye miembros del Senado y de los Representantes, así como sheriffs y miembros del gobernador. Una vez que el dinero comience a ingresar, serán los miembros quienes decidan de qué tipo se construirá la frontera. El comité no podrá tomar esta decisión hasta que no tengan una idea de cuánto será el monto recaudado, explicó Smith.

Arizona ha tenido éxito en iniciativas similares en el pasado. El Estado recaudó millones de dólares en una web para ayudar a la batallas legales contra la polarización de las leyes de inmigración de Arizona, dictadas el año pasado. Esta ley da poderes a la policía para detener a inmigrantes ilegales sospechosos y requiere que los residentes lleven documentos de inmigración.