El asedio contra los indocumentados continúa en las legislaturas estatales

Washington D.C, 22 de febrero. El asedio contra los inmigrantes indocumentados en 2011 continúa sin descanso en las legislaturas estatales, mientras Arizona sopesa una nueva ley contra ellos y otros estados, entre ellos Indiana, le siguen su ejemplo.

Que EEUU ha sido y sigue siendo una nación de inmigrantes es una de las lecciones de todo estudiante de Historia del país pero, en los últimos años, la explosión demográfica de los latinos en particular ha coincidido con una plétora de legislaciones estatales para suprimir la inmigración ilegal.

En 2009, según datos oficiales, hubo 15,5 millones de extranjeros naturalizados, 12,5 millones de inmigrantes con residencia permanente, y unos 10,8 millones de inmigrantes “sin papeles”.

Estos últimos son los protagonistas de un álgido debate nacional entre quienes los acusan de todos los males del país -desde la criminalidad hasta el desempleo- y piden su expulsión, y quienes destacan sus contribuciones económicas y piden su legalización.

Pero el Congreso no da señales de buscar una solución consensuada al problema de la inmigración ilegal y, en su lugar, los gobiernos estatales diseñan sus propias medidas.

Así, el Senado de Indiana podría votar, incluso hoy mismo, una ley similar a la SB1070 que criminaliza la presencia ilegal en Arizona. Un tribunal federal frenó la puesta en marcha de parte de la ley, pero varios estados quieren seguir el ejemplo de Arizona.

En Indiana, la medida presentada por el senador republicano estatal Mike Delph, no sólo castigaría a las empresas que contraten a indocumentados sino que también permitiría que la policía local pida “los papeles” a quienes sospeche que son indocumentados.

El gobernador de Indiana, Mitch Daniel, que se menciona como posible candidato presidencial en 2012, aún no ha dicho si apoya o no la medida de Delph.

Kentucky, Misisipi, Carolina del Sur y Nebraska son algunos de los estados que han copiado el modelo de la SB1070, mientras que en estados como Wyoming, Colorado, Dakota del Sur, y Nuevo Hampshire, la medida ha sido rechazada por una o ambas cámaras de sus cuerpos legislativos.

En Arizona, la legislatura estatal continúa su guerra de “desgaste” contra los indocumentados, esta vez con la ley SB1611, que convierte en un crimen el simple hecho de que un indocumentado conduzca un vehículo en las carreteras del estado.

En otro giro de la tuerca contra los indocumentados, la SB1611 fortalece los requisitos de identificación para la inscripción en las escuelas públicas y para la obtención de otros servicios públicos.

De aprobarse la medida, los indocumentados se verían obligados a retirar a sus hijos de las escuelas, exacerbando el problema de deserción escolar entre los hispanos o, en el peor de los casos, creando una población de analfabetos en Arizona.

Bajo la SB1611, las autoridades ya no podrían aceptar las partidas de nacimiento del extranjero como prueba de edad del niño, como es el caso ahora, y tendrían que denunciar a los padres que usen esos documentos.

Pero los observadores prevén que la SB1611 terminará en los tribunales porque, para comenzar, el Tribunal Supremo de EEUU dictaminó en 1982 que los distritos escolares no pueden prohibir la educación pública a quienes no pueden comprar su residencia legal.

Siguiendo la idea de la asfixia económica, la SB1611 también obliga a las empresas a usar el programa federal “E-Verify” para comprobar el estatus migratorio de nuevos empleados, so pena de perder sus licencias para operar en el estado. Hasta ahora, la participación es voluntaria, salvo en el caso de empresas que tienen contratos con el Gobierno.

Además, exige el desalojo de inquilinos en viviendas públicas que no puedan demostrar su residencia legal en el estado.

La próxima semana, un subcomité de la Cámara de Representantes de EEUU examinará en una audiencia el impacto de la inmigración entre los trabajadores estadounidenses de bajas destrezas.

La reforma migratoria sigue siendo una asignatura pendiente en el Congreso y, en ese vacío, los gobiernos estatales continúan impulsando la expulsión de los indocumentados, por las buenas o por las malas.

by Agencias