Indocumentados podrán seguir reclamando beneficios para hijos estadounidenses

Los inmigrantes indocumentados que soliciten beneficios públicos para sus hijos ciudadanos estadounidenses no correrán el riesgo de ser reportados ante Inmigración bajo una nueva ley estatal en Arizona, se informó hoy.

Steve Meissner, director de comunicaciones del Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DES), dijo que esta agencia aplicará todas las especificaciones de la nueva ley estatal HB2008, la cual entró en vigor el pasado 24 de noviembre.

Manifestó que la nueva regulación obliga a los trabajadores sociales reportar ante la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a aquellas personas que no cuentan con un estatus legal en el país y solicitan beneficios para ellos mismos.

Aclaró que personas como una madre que reclama beneficios como cuidado médico o estampillas de comida para su hijo o hijos nacidos en los Estados Unidos: “no existirá evidencia” de una violación a las leyes migratorias, por lo cual no será reportada.

Así mismo, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS por sus siglas en inglés) informó a Panorama Online que los requerimientos para calificar a los programas: WIC, servicios de nutrición y de inmunizaciones no han cambiado y no es necesario demostrar estatus legal inmigratorio.

“Estos servicios son críticos para mantener la salud pública en el estado de Arizona, especialmente cuando existen riesgos de salubridad como los virus H1N1 y la influenza de la temporada” informó Janey Pearl, Oficial de Información Pública del Departamento de Servicios de Salud de Arizona.

Ante la confusión que ha causado esta ley, aprobada por el Legislativo estatal en julio pasado, activistas y representantes de diversas organizaciones en Arizona han aconsejando a la comunidad no responder ninguna pregunta sobre su estatus migratorio ni tampoco firmar documentos al respecto al momento de acudir a solicitar beneficios para sus hijos.

Los trabajadores del estado que no reporten estas violaciones de inmigración podrían enfrentar hasta cuatro meses de prisión o una multa de 750 dólares.

Por su parte la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona informó que la próxima semana planea presentar una demanda en contra de la aplicación de la nueva ley.

by María Teresa Bonilla