Autoridades: Escuelas en Tucson inducen resentimiento en hispanos
Tucson, Arizona. 5 de enero. Un distrito escolar de Tucson viola una nueva ley estatal al proseguir con un programa de estudios étnicos diseñado principalmente para los hispanos, afirmó el lunes el supervisor de educación de Arizona.
El hallazgo divulgado por Tom Horne el día que deja su cargo para convertirse en secretario de Justicia del estado podría costarle al distrito escolar unificado de Tucson casi 15 millones de dólares, que representan 10% de su financiamiento estatal anual.
El distrito tiene 60 días para cumplir con la ley que entró en vigor el 31 de diciembre.
Horne, republicano, dijo que el distrito debe eliminar su programa de Estudios Mexicanos-Estadounidenses o el próximo supervisor John Huppenthal tendría que decidir si retiene sus fondos.
El supervisor del distrito, John Pedicone, no respondió a las llamadas de The Associated Press el lunes, pero sí dijo al periódico The Arizona Daily Star que es posible que se presente una apelación si Huppenthal corta los fondos.
“Creemos que no estamos violando la ley”, dijo Pedicone al diario. “Si la pregunta es si podemos enfrentar esa reducción financiera, la respuesta es no. Arruinaría al distrito”.
La legislatura estatal aprobó el año pasado una ley que prohíbe las clases diseñadas para estudiantes de una raza en particular, que propugnen la solidaridad racial o fomenten el resentimiento hacia cierto grupo étnico. También prohíbe clases que promuevan el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos.
Horne dijo que el mencionado programa de Tucson viola las cuatro prohibiciones de la ley.
En el programa de Estudios Mexicanos-Estadounidenses, un curso de historia explora el papel de los hispanos en la guerra de Vietnam y un curso de literatura se enfoca en autores latinoamericanos.
Horne cree que el programa le enseña a los estudiantes hispanos que son oprimidos por la gente de raza blanca.
Alrededor de 1.500 estudiantes en seis secundarias del distrito están inscritos en el programa. El 56% de la población del distrito es hispana.
Un grupo de 11 maestros del programa demandaron en octubre a Horne y al consejo de educación estatal, alegando que la nueva ley viola la libertad de expresión garantizada por la primera enmienda constitucional. El caso sigue pendiente.
Deyanira Nevarez, directora de proyecto de un grupo que recauda fondos para apoyar las acciones legales de los profesores, dijo que los argumentos de Horne carecen de sustento. Las clases “no enseñan a derrocar al gobierno estadounidense (…). Enseñan democracia. No promueven ninguna clase de resentimiento”, afirmó.
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