La jueza federal Susan Bolton avala controvertida fracción de la ley SB1070

Foto/ AJ Alexander/ Archivo Panorama Online/La decisión de la jueza federal Susan Bolton allana el camino para que la policía haga valer la cláusula de la ley, decretada en 2010, que obliga a los agentes a preguntar la condición migratoria a las personas que detengan por motivos diversos si sospechan que no están autorizadas para estar en el país.

Phoenix, Arizona. 05 de septiembre. Una jueza federal dictaminó el miércoles que las autoridades de Arizona pueden aplicar la parte más controvertida de la ley estatal de inmigración, una disposición que los detractores denominan “muéstreme sus papeles”.

La decisión de la jueza federal Susan Bolton allana el camino para que la policía haga valer la cláusula de la ley, decretada en 2010, que obliga a los agentes a preguntar la condición migratoria a las personas que detengan por motivos diversos si sospechan que no están autorizadas para estar en el país.

Este punto fue el meollo de un pleito jurídico que comenzó hace dos años y culminó en junio con la validación del mismo por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los detractores solicitaron después a Bolton que impidiera la entrada en vigencia de la disposición con el argumento de que generaría encasillamiento racial de los hispanos y derivaría en que muchos latinos permanecieran detenidos durante largo tiempo.

Los abogados de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, instaron a la jueza a permitir que la disposición entrara en efecto, bajo el argumento de que los opositores a esta ley se basaban en meras conjeturas al advertir del riesgo de discriminación racial. El gobierno estatal afirma que la policía ha recibido entrenamiento para evitar prácticas discriminatorias y que los agentes deben contar con una “sospecha razonable” de que una persona está en el país sin permiso para que esta parte de la ley se aplicable.

En su fallo, Bolton dijo que atendería las instrucciones claras de la Corte Suprema, en el sentido de que esta disposición “no podía ser impugnada nuevamente… antes de que la ley entrara en efecto”. La jueza reiteró la interpretación del máximo tribunal, acerca de que la ley sí podría impugnarse si se le considera anticonstitucional en otros aspectos.

Entre los detractores de la medida estuvo el gobierno del presidente Barack Obama, que la impugnó con base en el argumento de que la ley federal de inmigración primaba sobre las disposiciones de Arizona. Esa impugnación no abordó el encasillamiento racial. El gobierno no convenció al máximo tribunal para que rechazara la disposición relacionada con las preguntas sobre la condición migratoria de las personas.

Para quienes apoyan la ley de Arizona, este apartado es el más importante de la medida, cuyo propósito era, según el gobierno estatal, la reducción de los problemas relacionados con la inmigración no autorizada mediante el cumplimiento de las nuevas políticas.

Distintas organizaciones defensoras de los inmigrantes consideran que esta disposición implica los mayores riesgos de abusos a los derechos civiles.

Las secciones menos controvertidas de la ley entraron en vigencia desde finales de julio de 2010. Poco antes, Bolton bloqueó varias partes de la legislación, incluida la relacionada con las preguntas sobre inmigración, al considerar que el gobierno de Obama podría tener éxito para demostrar que la ley estatal interfería con la federal.

Cinco estados, Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del sur y Utah, han adoptado variantes de la ley de Arizona.

En breve entrará en vigencia la disposición, dijo la oficina de la gobernadora.

“Las cortes han determinado ahora, de manera consecuente, que los denunciantes no cumplieron con los requisitos para argumentar que esta ley debe ser bloqueada y no entrar en vigencia”, dijo el vocero de la gobernadora, Matthew Benson. “Ciertamente, la gobernadora Brewer está complacida con esta decisión. Considera que es hora de que la SB1070 (el nombre oficial de la ley) se implemente y de que atestigüemos lo efectiva que esta ley resulta en la práctica”.

Karen Tumlin, abogada de la organización National Immigration Law Center, dijo que su oficina “contemplaba las opciones legales” tras el fallo de Bolton.

“Estamos sorprendidos y decepcionados”, dijo por su parte Dan Pochoda, jefe legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Arizona.

Sin embargo, Bolton accedió a bloquear en forma preliminar un estatuto que penaliza el dar albergue a individuos de quienes se sospeche que están en el país sin permiso.

by Agencias