Liberaría Sudán a mujer cristiana condenada a morir en la horca por seguir su religión

La condena de Mariam Yahia Ibrahim Ishag, de 27 años, es anticonstitucional porque la Carta Magna de Sudán garantiza la libertad religiosa y el gobierno está comprometido a protegerla, indicó este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores del país.
Madrid, 31 de Mayo. Una mujer cristiana que hace tres semanas fue condenada a recibir 100 latigazos y a morir en la horca por abandonar el Islam, sería liberada en los próximos días, anunciaron hoy funcionarios de Sudán.
La condena de Mariam Yahia Ibrahim Ishag, de 27 años, es anticonstitucional porque la Carta Magna de Sudán garantiza la libertad religiosa y el gobierno está comprometido a protegerla, indicó este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores del país.
Ibrahim, quien dio a luz a su bebé esta semana en la cárcel de Omdurman, fue sentenciada hace tres semanas por una Corte de Jartum a recibir 100 latigazos y a morir en la horca por adulterio y apostasía, tras casarse con un cristiano y negarse a volver al Islam.
El Poder Judicial y el Ministerio de Justicia emprenderán un procedimiento legal que permitirá la liberación de Ibrahim, sostuvieron las fuentes de la cancillería sin dar mayores detalles, de acuerdo con un reporte del portal de noticias Sudan Tribune.
El abogado de la mujer, quien está casada con un ciudadano estadunidense, tomó nota de la noticia, aunque afirmó que la decisión final permanece en manos de la Corte de Apelaciones, donde interpuso un recurso contra la sentencia.
El litigante se dijo pesimista y calificó la declaración como un intento por desviar la cobertura internacional del caso, más que como una genuina reflexión de las autoridades.
Un jurista consultado por Sudan Tribune explicó que la ley bajo la cual la mujer cristiana fue condenada contraviene tanto la Constitución provisional de 2005 como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que el país ratificó hace 20 años.
El Pacto garantiza que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho comprende la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, y la libertad, individual o colectiva, pública o privada, de manifestarlo”.
Además, subraya que “nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar esta libertad, que puede estar sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos”.
El jurista Faisal Abdelrahman Taha, considerado en Sudán una autoridad en derecho internacional, sostuvo que el gobierno nunca expresó ninguna reserva a cualquiera de las disposiciones del Pacto cuando se adhirió a él.
Explicó que el Pacto es vinculante y que el derecho internacional no permite que un Estado utilice sus estatutos y reglamentos nacionales para justificar el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de un convenio que ha ratificado.
Autoridades sudanesas han dado a entender que los tribunales no confirmarán la condena de muerte de Ibrahim, mientras que el canciller sudanés Ali Karti afirmó que este caso “infligió un daño a nivel internacional a la imagen del país”.
“Sudán está comprometido con todos los derechos humanos y la libertad de la fe otorgada por la Constitución y la ley”, remarcó el portavoz de la cancillería Abu-Bakr Al-Sideeg.
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