Anticipan una batalla legal por la SB1070

La decisión final sobre la implementación de la SB1070 se encuentra en manos de un juez federal, en lo que se anticipa será una batalla legal entre los defensores de los derechos de los inmigrantes y aquellos que se oponen a la inmigración indocumentada.

“Otros estados están viendo con preocupación lo que está pasando en Arizona y las consecuencias que puede tener para todo el país”, dijo Ben Miranda, abogado que representa a la Coalición Nacional de Clérigos y Lideres Cristianos Hispanos (CONLAMIC), grupo que presentó la primera demanda en contra de la ley estatal SB1070.

La polémica ley estatal, que entrará en vigor el próximo 29 de julio, es la primera en Estados Unidos en criminalizar la presencia de los inmigrantes indocumentados y otorga funciones de agentes de inmigración a la Policía local, entre otros.

Miranda explicó que por lo menos actualmente existen cinco demandas en contra de la SB1070 y a cada una se le ha asignado un juez diferente por lo que se está buscando transferir todos los casos a manos de un solo juez federal.

El pasado viernes, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, envió una petición para que se desestime la demanda iniciada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos en contra de la SB1070.

La mandataria argumentó que al igual que otras demandas presentadas en contra de la nueva ley estatal, la de ACLU basa sus acusaciones en especulaciones en hechos que aún no han ocurrido y el mal entendido de que solo el Gobierno Federal tiene facultades para implementar las leyes de inmigración.

“La gobernadora asegura que la SB1070 prohíbe la práctica de perfil racial, pero nosotros sabemos que esto no es cierto y creo que éste es uno de los puntos más controvertidos de la ley”, dijo Miranda, quien también es legislador estatal en Arizona.

Otro aspecto, aseguró el representante del Distrito 16, es que la ley es tan amplia que impacta en otros aspectos de las leyes federales.

Como ejemplo puso el caso de los policías que vigilan la seguridad en las escuelas públicas y quienes estarían obligados a cuestionar el estatus migratorio bajo la ley estatal SB1070, lo que entraría en conflicto con decisiones previas de la Suprema Corte que ha estipulado que el estatus migratorio de un estudiante no puede ser cuestionado.

“Este puede ser un punto fundamental para que la Corte Federal declare inconstitucional la SB1070”, dijo Miranda.

El abogado tiene esperanzas en que la Corte Federal tome una decisión antes de que la ley entre en vigor.

En su opinión este caso puede ser la base que determinar hasta qué punto los estados pueden regular la inmigración ilegal a nivel local.

Políticos opuestos a la inmigración indocumentada han comenzado a impulsar leyes estatales similares a la SB1070 en otros estados como Nevada y Texas, por lo que la decisión que tome próximamente la Corte Federal en Arizona podría determinar también el futuro de estas leyes en otros estados.

Miranda dijo estar optimista también ante los fuertes rumores de que el Gobierno Federal establecerá un demanda en contra del estado de Arizona para bloquear la implementación de la SB1070.

Ante el argumento hecho por Brewer de que la SB1070 solamente implementa a nivel estatal las leyes federales ya existentes de inmigración, el abogado dijo que las leyes de inmigración son tan antiguas que no reflejan las decisiones que ha tomado la Suprema Corte en casos recientes.

Por su parte, el alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, quien actualmente se encuentra bajo investigación por el Departamento de Justicia por acusaciones de prácticas de perfil racial, anunció que llevará a cabo un nuevo operativo en contra de la inmigración indocumentada el próximo mes de julio, el día en que entre en vigor la SB1070.

by Agencias