El condado de Maricopa podría perder fondos federales y afronta una posible demanda

Washington D.C., 18 agosto.  Agencias.  El Departamento de Justicia de EEUU sopesa una posible demanda contra el aguacil del Condado Maricopa en Arizona, Joe Arpaio, y también eliminar millones de dólares en fondos federales para esa oficina.

Los abogados de Arpaio y del Departamento de Justicia se reunirán el próximo lunes en Washington para discutir posibles soluciones y evitar una demanda contra el alguacil.
Esta reunión se ha fijado después de que el martes venciese el plazo para que Arpaio colaborase en las investigaciones del Departamento de Justicia sobre sus prácticas policiales contra los indocumentados.

En una carta enviada a la oficina de Arpaio el pasado 3 de agosto, el fiscal general adjunto Thomas E. Pérez fijó un plazo hasta el martes para que el alguacil cooperase con las investigaciones iniciadas en marzo de 2009, en particular con la entrega de documentos.

Las investigaciones de la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia responden a las denuncias de grupos de derechos civiles y defensores de los derechos de inmigrantes, y otros representantes del condado de Maricopa.

Según esas denuncias, la oficina de Arpaio enfoca sus redadas y operaciones en contra de la delincuencia en los residentes hispanos del Condado de Maricopa, en lo que supone una práctica discriminatoria.

Mientras, algunos funcionarios del Condado de Maricopa afirman que Arpaio ha iniciado investigaciones sobre corrupción sin fundamento contra aquellos políticos o oficiales que critican o rechazan sus solicitudes.

En paralelo al Departamento de Justicia, un jurado federal de investigación en Phoenix también estudia si Arpaio ha abusado de su poder para investigar e intimidar a sus rivales y si hubo malversación de fondos gubernamentales.

En declaraciones recientes a los medios,  el abogado de Arpaio, Robert Driscoll, desmintió recientemente que su cliente se esté negando a cooperar.
Según Driscoll, el Departamento de Justicia debe formular una petición oficial a través de la “ley de libertad de información” (FOIA, en inglés), como lo hacen abogados, residentes y medios de comunicación de forma rutinaria.

La disputa en cuestión se refiere al “acceso a documentos requeridos, instalaciones y personal” de la oficina, a los que, según el Gobierno federal, sus abogados no han podido tener acceso.

El Departamento de Justicia ha dejado entrever que, además de la demanda civil, también podría eliminar los millones de fondos federales en subvenciones que recibe el Condado de Maricopa y la oficina del alguacil, y de la que dependen 3.800 empleados.

Según datos oficiales, el Condado recibió 113 millones de dólares en fondos federales el año pasado, de los cuales 3,8 millones de dólares estuvieron destinados a la oficina de Arpaio.
El polémico aguacil, que se describe como “el ‘sheriff’ más duro de EEUU”, es, a la vez, un héroe para aquellos que piden mano dura contra los indocumentados, y un funcionario despiadado en busca de puntos políticos para grupos que denuncian sus tácticas policiales.

Arizona está considerado como el epicentro del combate a los indocumentados, tras la promulgación de la ley SB1070 que criminaliza la presencia ilegal en ese estado fronterizo con México.

La jueza federal Susan Bolton bloqueó el pasado 28 de julio las partes más polémicas de la SB1070, pero el Gobierno de Arizona de inmediato apeló el caso.

by Agencias