María Teresa Bonilla

Madre hispana de Phoenix, primera víctima por acción ejecutiva de Trump

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El caso Guadalupe, una madre de Phoenix, es considerado como el parteaguas o "Caso Cero", y tiene en vilo a una comunidad entera. Foto: Puente Arizona

El caso Guadalupe, una madre de Phoenix, es considerado como el parteaguas o “Caso Cero”, y tiene en vilo a una comunidad entera. Foto: Puente Arizona

Phoenix, Arizona, 10 de febrero. Hace 9 años Guadalupe García de Rayos, madre de dos adolescentes, fue una de las víctimas de una redada del entonces Shérif Joe Arpaio, que fue llevada a cabo en el sitio de trabajo donde García laboraba para mantener a su familia, un parque de diversiones acuáticas, en un suburbio de Phoenix, donde el alguacil llevo a cabo una de sus primeras operaciones con el fin de encontrar negocios locales que permitieran trabajar a sus empleados con identificaciones falsas. 

Esas redadas fueron recientemente declaradas inconstitucionales por el Juez de Distrito de la Corte de Estados Unidos, Murray Snow, ya que fueron llevadas a cabo por perfil racial y discriminación.

El miércoles 8 de febrero, como cada 6 meses desde el año 2008, Guadalupe se presentó ante su cita con el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE, para cumplir con el requisito que su situación demandaba. La de ese día no debía ser más que su presentación de rutina ante este organismo. Sin embargo, debido a la orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 25 de febrero, “Enhancing Public Safety in the Interior of the United States” (“Mejoramiento de la Seguridad Pública en el Interior de los Estados Unidos), los casos como los de Guadalupe, que anteriormente bajo el gobierno del ex-presidente Obama no eran considerados prioridad, ahora se convirtieron en prioridad número uno.

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Por tal razón, la noche del miércoles 8 de febrero, Guadalupe fue tomada en custodia y luego alrededor de las 10 de la mañana del jueves 9 de febrero, fue deportada por el cruce fronterizo de Nogales, Sonora, México. El consulado de México colaboró en la repatriación de la madre de 35 años, según señaló Yasmeen Pitts O’Keefe, portavoz de lICE, en un comunicado. 

 

El siguiente es un aparte de la Acción Ejecutiva firmada por Trump: 

“Propósito: El cumplimiento interno de las leyes de inmigración de nuestra nación es de vital importancia para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos. Muchos extranjeros que entran ilegalmente en los Estados Unidos y aquellos que exceden o violan los términos de sus visas presentan una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública. Esto es particularmente cierto para los extranjeros que participan en conductas delictivas en los Estados Unidos. Las jurisdicciones de los santuarios de los Estados Unidos violan voluntariamente la ley federal en un intento de proteger a los extranjeros de la expulsión de los Estados Unidos. Estas jurisdicciones han causado un daño inconmensurable al pueblo estadounidense y al tejido mismo de nuestra República. Decenas de miles de extranjeros extraíbles han sido liberados en comunidades de todo el país, sólo porque sus países de origen se niegan a aceptar su repatriación”.

Sin embargo el perfil de Guadalupe no coincide con lo que se lee en esta premisa.

“Nuestros padres nos trajeron cuando éramos jóvenes. Aquí nos conocimos mi esposa y yo, aquí fuimos a la escuela, aquí nacieron nuestros hijos, aquí vamos a la Iglesia, al parque, la diferencia es un papel, vivimos una vida como una familia americana, anglosajona”, comentó recientemente Aaron, el esposo de Guadalupe en una rueda de prensa.

El caso de esta madre, que ahora es considerado como el parteaguas o “Caso Cero”, tiene en vilo a una comunidad entera que ha visto hecha realidad su peor pesadilla ante la mirada impune de las autoridades locales. La separación familiar y la deportación de cientos de personas no es una amenaza de ayer ni una posibilidad lejana, es una realidad y ha quedado demostrada en imágenes que pensamos nunca se iban a ver. 

La familia de Guadalupe instó a la comunidad a tomar acción en apoyo a la causa. Foto: Puente Arizona

La familia de Guadalupe instó a la comunidad a tomar acción en apoyo a la causa. Foto: Puente Arizona

Guadalupe es considerada hoy por muchos como una heroína. Ella pudo escoger refugiarse en una Iglesia por ejemplo, pero decidió ser valiente y enfrentar la justicia. Según su esposo, eso es lo que hacen los ciudadanos de bien. Por ello tuvo que pagar el precio de ser deportada a Nogales. Su ejemplo servirá para que toda una comunidad entienda que estamos ante un nuevo gobierno que al parecer no tendrá en cuenta ni el tiempo que una persona ha vivido en Estados Unidos, ni tampoco si tienen hijos nacidos en este país. 

“Nosotros sabemos que esta es la prioridad del nuevo presidente, sabíamos que esta era una posibilidad, tenemos que presionar a las personas elegidas en los recientes cargos públicos. Guadalupe es la primera vez que se va por la orden ejecutiva, ella es la primera persona que es perjudicada por la acción ejecutiva del presidente, pero detrás de ella vienen más”, dijo Carlos García, Director de Puente Arizona, en la rueda de prensa telefónica con distintos medios locales y nacionales.

Uno de los aspectos que salió a relucir durante la conferencia telefónica, es que al parecer miembros de la organización Puente Arizona así como el abogado del caso, tuvieron cierta atención de parte de la oficina del senador de Arizona John McCain, pero no obtuvieron contacto con el reciente elegido shérif Paul Penzone o el alcalde de la ciudad Greg Stanton

En la rueda de prensa, también hubo declaraciones donde se afirmó que por el contrario, aproximadamente 100 oficiales de policía de la ciudad de Phoenix fueron enviados al lugar de la protesta pacífica, afuera de las oficinas de ICE en Phoenix, en donde se encontraban los hijos y familiares de Guadalupe así como también las personas que respondieron al llamado de apoyo en las redes sociales para exigir que Guadalupe no fuera deportada. Esto resultó en el arresto de 7 personas.

“Una mujer que crió a su familia aquí, que es parte de la comunidad, fue removida. Esto que ICE hizo hoy no es rutina, no es rutinario separar familias, tremenda hipocresía por parte de la seguridad pública. El departamento de policía de Phoenix ayudó a que se llevara a cabo el proceso, este caso va a replicarse en otras comunidades”, comentó el abogado de Guadalupe, Ray Ibarra Maldonado. 

Los hijos de Guadalupe, Angel de 16 y Jaqueline de 14, no pudieron esconder su tristeza, dando un conmovedor testimonio de cómo ellos se sentían al ver partir a su madre sin saber cuando la iban a poder abrazar y besar nuevamente. 

“Es triste ver que hay tanto odio en el mundo, es triste que me quitaron a mi mamá. Es una pesadilla. Desde que la arrestaron en 2008 teníamos miedo de que nos la quitaran, ayer viéndola que se iba, fue muy duro para mí, especialmente sin saber cuando la podría ver otra vez y darle un beso, un abrazo. Siento que nadie debe pasar por esto, nadie debe empacar la maleta de su madre. Mi madre no le ha hecho daño a nadie. Es muy triste saber que hay muchas personas que quieren ver familias separadas”, dijo Jaqueline, en medio de las lágrimas.

“¡Esto no termina aquí! No vamos a dejarnos y nos vamos a unir más como hispanos. Estados Unidos es más grande que esto, ahorita da lástima, somos mejor que esto. No se fijen en el color, fíjense en el bien que hacemos. Ninguna familia debería ser separada. Sigamos luchando”, fue el mensaje que dio el esposo de Guadalupe.

Según el abogado Ibarra Maldonado, aproximadamente 800 personas podrían verse afectadas por una situación similar a la de su cliente.

Por su parte el gobierno mexicano se pronunció el jueves y a través de un comunicado les dejó saber a sus ciudadanos que residen en suelo estadounidense, que la deportación de Guadalupe es una realidad que enfrentan los inmigrantes de este país en Estados Unidos en estos momentos y les recomendó que sean cuidadosos, conozcan sus derechos y se mantengan en contacto con su consulado local.

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