Foto AJ Alexander/ En las últimas semanas fueron muchos los sectores, como el estudiantil, así como líderes comunitarios, organizaciones cíviles y empresarios, quienes alzarón su voz y protestarón contra las propuestas de leyes anti-inmigrantes

Phoenix, Arizona, 18 de marzo. El Senado de Arizona rechazó el jueves cinco iniciativas de ley relacionadas con la inmigración ilegal en un cambio marcado con respecto al año pasado, cuando la promulgación de un ley puso al estado en el centro de un feroz debate nacional sobre la materia.La mayoría republicana se dividió al votar los proyectos de ley que fueron derrotados, los cuales incluían dos medidas que buscaban forzar a la Corte Suprema del país a que se manifestara contra la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos. las otras tres tenían que ver con atención médicas, servicios públicos y actividades cotidianas, como manejo de vehículos.

Los líderes empresariales instaron a los legisladores a dejar a un lado el asunto para evitar dañar más la aún afligida economía. “Es momento de que nos tomemos un respiro”, dijo el senador republicano por Phoenix John McComish. “Es algo en que la gente no quiere que nos estemos enfocando”, agregó.

Los críticos señalaron que además las iniciativas rechazadas el jueves estaban excedidas y eran deficientes. Los partidarios de las medidas manifestaron su frustración y dijeron que podría haber consecuencias políticas para los legisladores que votaron en contra ellas.

“La falta de valentía política”, es el único impedimento para aumentar la presión a la inmigración ilegal, dijo el senador republicano Russell Pearce, uno de los impulsores de la criticada ley del 2010. Las dos iniciativas sobre la ciudadanía de los menores fueron rechazadas por una votación de 18 votos en contra y 12 a favor y 19 sufragios en contra y 11 a favor. Los nueve demócratas de la cámara alta votaron todos en contra de los proyectos de ley.

“Tengo esperanza en que ahora podamos seguir adelante y enfocarnos en las empresas del estado”, dijo el legislador demócrata David Schapira, líder de la minoría en el Senado, después de la sesión de tres horas del pleno de la cámara.

Una de las iniciativas rechazadas habría exigido a los hospitales ponerse en contacto con funcionarios federales de inmigración o agentes del orden locales si la gente atendida carecía de seguro o no podía demostrar su situación migratoria.

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También fue derrotada una iniciativa para exigir a las escuelas presentar reportes sobre la matriculación de estudiantes que fueran inmigrantes ilegales. La quinta medida, impulsada por Pearce, habría convertido en delito que los inmigrantes ilegales condujeran un vehículo en Arizona. Esta también tenía cláusulas sobre registro de vehículos, contratación en lugares de trabajo y sobre ayudas proporcionadas por el gobierno.

También prohibiría a inmigrantes ilegales asistir a universidades públicas y colegios comunitarios de Arizona. El estado no tiene una prohibición en este punto, pero exige a los inmigrantes ilegales pagar las colegiaturas de no residentes, las cuales son más costosas.

La iniciativa de Pearce exigía el desalojo de viviendas sociales de arrendatarios que permitieran a inmigrantes ilegales vivir con ellos, y habría obligado a los solicitantes de títulos de propiedad y registro de vehículos probar que están en el país de forma legal.

La ley de 2010 provocó protestas, boicots y apelaciones judiciales que llevaron a que un juez federal suspendiera algunas cláusulas principales.